Se socializó el Plan de Acción 2025 durante el primer Comité Departamental de Discapacidad y se fijaron compromisos clave para el bienestar de esta población.
En una jornada que reunió a representantes de la población con discapacidad, funcionarios del Gobierno Departamental y el personero de Ibagué, se llevó a cabo el primer Comité Departamental de Discapacidad del Tolima, en el cual se socializó el Plan de Acción 2025 y se trazaron compromisos institucionales para garantizar derechos y mejorar las condiciones de vida de esta comunidad.
Lina Sandoval Hernández, directora de Derechos Humanos del Tolima, destacó el trabajo articulado entre distintas entidades: “Desde las secretarías y dependencias hay una gama muy amplia de proyectos e iniciativas en pro de la comunidad. Se integran madres cuidadoras, EPS, alcaldías y comunidad en general para apoyar el bienestar de todos los tolimenses. Con gran alegría celebramos que se harán acompañamientos importantes, y el próximo 21 de mayo tendremos una mesa de trabajo con representantes de la población y las EPS, para avanzar en la certificación, que les garantiza beneficios y derechos”.
Por su parte, el personero de Ibagué subrayó la importancia de conocer directamente el contenido del Plan de Acción Departamental y anunció gestiones para garantizar la inclusión efectiva en el nivel municipal. “Nos llevamos la tarea de asegurar que en el Comité Municipal de Discapacidad de Ibagué estén representadas las personas que por derecho deben estar allí, ya que recibimos quejas de exclusión. También revisaremos el Plan de Acción Municipal para asegurar que se garanticen plenamente los derechos de esta población”.
Los participantes recordaron que los derechos de las personas en condición de discapacidad están consagrados desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), y reforzados en Colombia mediante la Ley 1145 de 2007, que estableció el Sistema Nacional de Discapacidad y la representación obligatoria de esta población en los comités de todos los niveles. La norma también reconoce su derecho a tomar decisiones sobre su vida y exige al Estado eliminar barreras de acceso a oportunidades.
