El Tribunal Administrativo del Tolima decretó una medida cautelar contra las Entidades Promotoras de Salud (EPS), tras la acción popular interpuesta por la Gobernación del Tolima, con el fin de proteger el derecho a la salud de los tolimenses y garantizar la continuidad en la atención hospitalaria ante las millonarias deudas que estas entidades mantienen con la red pública y privada del departamento.
La decisión, con ponencia del magistrado José Andrés Rojas, fue adoptada durante la audiencia realizada este martes, en la cual se determinó que las medidas solicitadas por la Gobernación estaban debidamente sustentadas, al comprobarse la posible vulneración de derechos colectivos como la prestación eficiente del servicio público de salud, la moralidad administrativa y la defensa del patrimonio público.
“Se encuentran debidamente soportadas las medidas solicitadas, en tanto se discute la violación de varios derechos colectivos relacionados con la prestación eficiente y oportuna del servicio público de salud”, señaló el magistrado Rojas en su intervención.
De acuerdo con el fallo, las deudas acumuladas por las EPS con las instituciones de la red hospitalaria del Tolima superan los $600 mil millones en el sector público y $400 mil millones en el sector privado, cifras registradas en las plataformas oficiales del Ministerio de Salud, Ministerio de Hacienda, Superintendencia Nacional de Salud y ADRES.
Plazos y medidas ordenadas
El Tribunal dispuso que las EPS y demás operadores del sistema deberán cumplir en un plazo máximo de dos meses los compromisos adquiridos en las mesas técnicas de la Circular 30, relacionados con el saneamiento de cartera y el pago de obligaciones no glosadas correspondientes a los años 2020, 2024 y anteriores.
De igual forma, se ordenó al Ministerio de Hacienda, Ministerio de Salud, ADRES y Superintendencia Nacional de Salud convocar una mesa técnica nacional para definir los créditos a asumir por los operadores del sistema, establecer un cuadro definitivo de obligaciones y garantizar el pago del 20 % de las deudas liquidadas con corte al 30 de junio de 2025.
Una decisión que protege el derecho a la salud
La secretaria de Salud del Tolima, Katherine Rengifo, destacó la relevancia del fallo judicial, asegurando que este constituye un paso decisivo para proteger la red hospitalaria y garantizar la atención médica a los ciudadanos.
“Con esta acción de naturaleza constitucional y la medida cautelar decretada, se hace evidente la gran preocupación que requiere intervención del Estado, pues la falta de flujo de recursos pone en riesgo la red pública y privada. Esta medida busca prevenir esa afectación y normalizar los pagos pendientes”, afirmó la funcionaria.
