Cortolima aclara sus competencias frente al uso de madera en fiestas patronales y refuerza controles ambientales
Tras incautación de más de 3.000 unidades de madera en Guamo, la corporación reiteró su compromiso con la protección ambiental y la seguridad de la ciudadanía
En el marco de las celebraciones patronales que se desarrollan en distintos municipios del Tolima, la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) emitió un pronunciamiento en el que aclaró sus funciones frente al uso de materiales maderables y no maderables durante este tipo de eventos, reiterando que su competencia está centrada en la conservación de los recursos naturales y no en la autorización o prohibición de actividades culturales como corralejas, ferias o fiestas.
De acuerdo con la corporación, la responsabilidad sobre la realización y seguimiento de estos eventos recae en las autoridades municipales, la Policía Nacional y los consejos de gestión del riesgo departamental y municipal. No obstante, Cortolima interviene cuando se identifican posibles afectaciones ambientales o riesgos para la fauna silvestre.
En cumplimiento del Decreto 1076 de 2015 y el Acuerdo 015 de 2017, la entidad ha expedido circulares informativas a las administraciones locales y autoridades competentes para que verifiquen el cumplimiento de los permisos ambientales relacionados con el uso de recursos forestales en construcciones artesanales.
Uno de los casos más recientes se registró en el municipio de Guamo, donde, tras una visita técnica, funcionarios de Cortolima en compañía de la Policía Nacional, Procuraduría y Personería, hallaron material maderable con graves señales de deterioro, hongos y óxido, sin los documentos legales que acreditaran su procedencia. La estructura, que se levantaba con destino a una corraleja, representaba un riesgo tanto para el medioambiente como para la integridad de los asistentes.
Como resultado de la inspección, se incautaron más de 3.000 unidades de madera ilegal, se impuso una medida preventiva por tráfico ilegal de flora y se dio inicio a un proceso sancionatorio, en el marco de la Ley 1333 de 2009 y la Ley 2387 de 2024.
